Ahora Guadalajara denuncia un incremento de la represión y “persecución” a algunos colectivos

Dos ediles de la formación, denunciados penalmente por acompañar “una acción pacífica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca”


La PAH y la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara señalan como responsable de esa represión al subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco



Guadalajara, 27 de noviembre de 2017

El Grupo Municipal Ahora Guadalajara ha denunciado hoy ante los medios de comunicación, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG), el incremento de la represión que se está produciendo en la ciudad y la “persecución” que se está haciendo a determinados colectivos.

La concejala de Ahora Guadalajara Susana Martínez ha alertado, de un lado, de las “denuncias y persecución que desde hace unos meses está sufriendo la PAH”. Denuncias que, según la edil, tienen una “clara intención de callar el trabajo” que está haciendo este colectivo. “Es una manera de criminalizar y perseguir la acción conjunta y solidaria”, ha dicho, al tiempo que ha insistido en “denunciar lo que creemos que es una persecución y un intento de callar a los que están en la calle defendiendo derechos fundamentales”. “Cuando la respuesta a la acción conjunta son denuncias, multas, sanciones y juicios se genera una indefensión para todas las y los ciudadanos”, ha lamentado Martínez.

Por su parte, el representante de la PAG, Henry Herchhoren, ha asegurado que “la represión se ha ensañado con los movimientos sociales de esta ciudad”. Y ha continuado: “La represión viene de la mano de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, y tiene nombres y apellidos, los del subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco”. El representante de la PAG ha informado que “nuestros cinco años de carrera política han venido acompañados de casi 50.000€ en multas por imaginar una ciudad más activa, más dinámica, más crítica; multas absurdas, muchas veces sin base legal, que después de años de recursos cuando se llega al tribunal contencioso-administrativo, han sido retiradas”.

La representante de la PAH, Julia Sánchez, también ha denunciado el “incremento brutal de la represión” que está sufriendo el colectivo, sobre todo a partir del verano. Y lo ha ejemplificado: “Durante este mes somos ya 18 las personas que hemos sido denunciadas aquí en Guadalajara, acusadas de delitos contra el orden público, que puede conllevar multas, antecedentes penales e incluso cárcel”. Para Sánchez, se trata de “un intento de criminalizar” la defensa “del derecho a la vivienda”.

Juicio penal por 46€ de gastos de limpieza

Los representantes de la PAG y la PAH han querido ejemplificar la represión que denuncian mediante varios casos concretos. Uno de ellos tuvo lugar en una sucursal de Caja Duero en julio y agosto del año pasado, donde, por medio de “una acción pacífica, como todas las de la PAH”, se intentó impedir que el banco “desahuciara a una madre y a su hija”. Ahora, “un año y medio después se cita a unas personas sin ningún tipo de recurso para la defensa”, han explicado desde la PAG. “Se intenta citar a 13 personas a un juicio el 23 de noviembre con 24 o 48 horas de antelación, no se cita ni al 50% de ellas, y las que son citadas ni siquiera saben por qué están denunciadas”, han criticado por su parte desde la PAH. Y han ahondado: “No tienen derecho a una defensa jurídica, porque no hay tiempo...”. El juicio fue finalmente aplazado.

En concreto el juicio viene motivado por una pegada de pegatinas en la fachada de la sucursal con unos gastos de limpieza posteriores de 46€ según la denuncia interpuesta. Desde el colectivo, que considera que el hipotético delito ya ha prescrito, se critica también que se “bloquee” un juzgado, el de Instancia número 2 de Guadalajara, que es el encargado de los casos de “violencia machista”. “Bloqueamos un juzgado, que está totalmente saturado de demandas por malos tratos, que algunas incluso pueden prescribir; para señalar a 13 personas que defienden que no echen a una madre y a su hija de su casa. Nos parece desproporcionado y un disparate usar así la justicia para genera miedo”, han criticado desde la PAH.

Imagen de las personas denunciadas, antes del juicio del 23 de noviembre,
que fue finalmente suspendido


Entre las personas denunciadas en ese caso concreto están los por entonces tres ediles del grupo municipal Ahora Guadalajara, Susana Martínez, José María Gil y José Morales. “Hemos sido denunciados penalmente por acompañar una acción pacífica de la PAH en la que se reclamaba una solución habitacional para una vecina de Guadalajara”, ha comentado el portavoz de Ahora Guadalajara. Morales ha recordado que “estamos denunciando a 13 personas y atascando el trabajo de un juzgado de instrucción de violencia de género por unos daños del mes de julio y agosto de 2016 de 46 ‘eurazos”. Además, ha dicho que lo “único” claro del caso es “que hay gente y hay pegatinas, pero de momento, que sepamos, los procesos colectivos no sirven, porque los delitos se cometen individualmente”. El portavoz de Ahora Guadalajara ha concluido recordando que su formación ya denunció meses atrás en el salón de Plenos del Ayuntamiento diversos “casos de represión”. Así, Ahora Guadalajara defendió en febrero de 2016 la modificación del artículo 315.3 del Código Penal, “que criminaliza el derecho a la huelga”; o mostró su apoyo a ‘Los 5 del Buero’ a comienzos de este año. Morales ha concluido criticando la ‘Ley Mordaza’ aprobada por el Gobierno del Partido Popular: “Lo que antes era una sanción administrativa, ahora es un juicio penal que genera antecedentes penales”, ha dicho.

Por último, Susana Martínez ha recordado que “desde Ahora Guadalajara, en nuestra condición de concejales y concejalas, estamos por apoyar y acompañar, por preocuparnos y ocuparnos de las cosas que pasan en esta ciudad, y que le pasan a las vecinas y vecinos de Guadalajara”. Y ha finalizado: “También intentamos trasladar las iniciativas de colectivos como la PAH, porque creemos que son fundamentales para el bienestar social, pues se trata de defender derechos básicos”.
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